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La calidad del aire en el Estado español durante 2019
El marco legal
para la calidad del aire
Proceso legislativo
La Unión Europea inició a mitad de los 90 un desarrollo legislativo tendente a mejorar la ca-
lidad del aire en las ciudades europeas. Entre las normas más relevantes está la Directiva 96/62/
CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
(Directiva madre) que establecía los contaminantes a medir, los sistemas para realizar estas
mediciones, y la obligación de designar autoridades responsables de asegurar la calidad del aire
y de informar al público. Después se redactaron diversas Directivas hijas (Directivas 1999/30/CE,
2000/69/CE, 2002/3/CE y 2004/107/CE), que fijaban los límites de los distintos contaminantes
a considerar. No sobra decir que ninguna de estas directivas fue transpuesta a la legislación de
nuestro país en el plazo convenido y que incluso hubo una sentencia contra el Gobierno español
por ello
59
.
Finalmente se aprobaron los Reales Decretos 1073/2002, 1796/2003 y 812/2007, en los que
se incluyen las obligaciones de las Directivas hijas.
A continuación, el Gobierno español aprobó la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, que actualizaba y refundía textos anteriores, estableciendo
que son las CC.AA. las administraciones encargadas de velar por la calidad del aire en el conjunto
del territorio, si bien hay excepciones donde la administración responsable es el Ayuntamiento,
si la ciudad ya disponía de una red de medición de la calidad del aire con anterioridad a la nueva
legislación europea. Tal es el caso, por ejemplo, de las ciudades de A Coruña, Madrid, Valladolid
o Zaragoza.
La parte final del proceso legislativo europeo viene marcada por la fusión de cuatro de las
cinco Directivas citadas y una Decisión del Consejo (97/101/CE), “por motivos de claridad, sim-
plificación y eficacia administrativa, en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más
limpia en Europa.
Esta Directiva supuso un grave retroceso al establecer valores límite superiores no sólo a los
recomendados por la OMS sino incluso a los establecidos en la propia legislación anterior: la Fase
II de las partículas PM
10
, donde se alcanzarían las directrices recomendadas por la OMS para el
valor límite anual y se aproximaría notablemente al recomendado por este organismo para el
valor límite diario, desaparece en esta Directiva. De este modo quedan como valores límite los
fijados en la primigenia Fase I, es decir: un valor medio anual de 40 μg/m
3
, el doble con respecto
al recomendado por la OMS (20 μg/m
3
), y cinco veces más, de 7 a 35, los días al año en que puede
superarse el valor límite de 50 μg/m
3
. Esta Directiva establece además mayores plazos de tiempo
para que los Estados miembros cumplan con los valores límite de determinados contaminantes.
59 Sentencia de 13 de septiembre de 2001, en la que la Sala Quinta del Tribunal Europeo de Justicia declaró que
"el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/62/CE del
Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, al no haber
adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
designar a las autoridades competentes" para la aplicación de la Directiva citada, más conocida como Directiva
Marco de Calidad del Aire.
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